Publicada el lunes, 29 de enero de 2024 | Actualizada el lunes, 29 de enero de 2024

España | La brecha de inversión y la ausencia de convergencia con la UE

A diferencia de otros componentes del PIB, la inversión no acaba de recuperar los niveles previos a la crisis de la COVID-19. Mientras el PIB real del tercer trimestre de 2023 se encontraba 2,1 puntos por encima de su nivel precrisis, la inversión estaba 2,9 puntos por debajo.

Puntos clave

  • Puntos clave:
  • Esta caída del peso de la inversión sobre el PIB es de por sí preocupante, pero lo es aún más si tenemos en cuenta que se encuentra lejos de los niveles anteriores a la crisis financiera internacional de 2008 y de la tendencia creciente que se observa en el conjunto de la Unión Europea (UE).
  • Una vez descontados los efectos de la inflación, la inversión trimestral por persona en edad de trabajar en España ha disminuido significativamente, ubicándose en 2.217 euros en el tercer trimestre de 2023, un descenso del 5,3% desde principios de 2002. En contraste, en la UE27, esta cifra ha aumentado a 3.282 euros trimestrales, un incremento del 35,6% desde aquel año y 48,0% más que en España.
  • Hay un amplio conjunto de candidatos posibles para explicar el menor crecimiento de la inversión por persona en edad de trabajar en España frente a la UE. Por ejemplo, el desapalancamiento de las empresas españolas y las posibles restricciones de financiación y/o aumentos de su coste.
  • También cabe mencionar la crisis de la COVID-19, los cuellos de botella y las disrupciones en las cadenas mundiales de producción, o las perturbaciones en los mercados energéticos han sido factores comunes recientes y transitorios, incapaces de explicar un diferencial durante casi dos décadas.
  • Adicionalmente, otros factores son el aumento del gasto público y de la presión fiscal, y ligado a lo anterior, desde 1996 hasta 2022 España es el segundo país de la UE, detrás de Chipre y por delante de Hungría, con un peor desempeño relativo de la calidad institucional y regulatoria, de la efectividad del sector público, del control de la corrupción, la seguridad jurídica y el imperio de la ley o principio de legalidad, de acuerdo con los indicadores del World Governance Indicators del Banco Mundial.

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