España | Cotizaciones sociales, salarios públicos y pacto de rentas

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen la revalorización prevista de las pensiones con el IPC y el aumento pactado de los salarios de los empleados en el sector público. Las implicaciones de estas dos medidas exceden su impacto sobre el gasto del sector público, pues pueden afectar al pacto de rentas.

Puntos clave

• Puntos clave:
• Los ingresos y gastos proyectados en los PGE reflejan las prioridades del Gobierno condicionadas a su previsión de crecimiento. Sin embargo, algunas de las partidas de los PGE encierran detalles cuyas implicaciones no son percibidas a simple vista.
• Las pensiones en el año 2023 crecerán un 8,5 por ciento, para compensar la pérdida de poder adquisitivo debida al crecimiento medio del IPC durante 2022. Sin embargo, la inflación del IPC en 2022 será muy superior al crecimiento del deflactor del PIB, siendo la diferencia el resultado del aumento de los precios de las importaciones.
• Aquellas empresas con problemas para trasladar el aumento de costes a precios, ante la caída de sus márgenes de producción, podrían verse abocadas a reducir su actividad o su creación de empleo, o aumentar menos los salarios, con el consiguiente impacto negativo sobre las rentas agregadas del trabajo.
• En cuanto al acuerdo salarial para los empleados públicos pactado recientemente, la subida del 3,5% en 2022 (hasta el 3,5% en 2023 y 2,5% en 2024), en línea con el crecimiento del deflactor del PIB, resulta en principio una buena guía para el sector privado, con la que evitar los temidos efectos de segunda ronda.
• El aumento de las cotizaciones sociales y de la cuña fiscal, y la reducción de la jornada de trabajo en el sector público suponen una presión inflacionista que implica un peligro para el crecimiento equilibrado de la economía española.

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